El Gobierno ha abierto una consulta pública para la próxima Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Uno de los ámbitos a regular es la regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible: “Introducir disposiciones para mejorar la formación en materia de movilidad sostenible y medidas de sensibilización que vayan dirigidas a los diferentes agentes y colectivos, y a la ciudadanía en general.”
Reproducimos a continuación la propuesta que ha presentado Z.A.P.
El avance hacia la movilidad sostenible se enfrenta a un fuerte obstáculo: la publicidad de los coches. La ciudadanía conoce desde hace décadas los impactos negativos del uso en masa del vehículo privado, mientras que las administraciones y los grupos ecologistas se esfuerzan constantemente en su labor de sensibilización; sin embargo el parque automovilístico no deja de crecer. En España se ha duplicado entre 1991 y 2019, año en que una de cada dos personas en nuestro país tenía un coche. La respuesta, sin duda, está en la publicidad, que hace que las ventajas percibidas del coche sean superiores a sus desventajas reales.
En España, los fabricantes de automóviles dedican 564,1 millones de euros a publicidad. La automoción es el primer sector en inversión publicitaria, y 7 de las 20 empresas que más se anuncian son automovilísticas. Ese presupuesto se destina a vincular de forma insistente el coche con imágenes positivas y aspiraciones deseables como libertad, tecnología, éxito, deportividad, lujo, elegancia, aventura, triunfo sexual e incluso sostenibilidad. Más allá de inclinar la compra a una marca u otra, la publicidad organiza colectivamente a la ciudadanía a usar el coche y a normalizarlo como medio de transporte deseable, reforzando su uso por encima de sus efectos negativos.
Frente a estos presupuestos millonarios, los esfuerzos de las administraciones para promover un modelo sostenible de transporte son arduos. Por una parte, la labor de sensibilización encuentra en la publicidad automovilística un duro competidor. En términos absolutos, para que esa labor sea efectiva deberá contar con un presupuesto superior al de las marcas de automóvil.
Por otra parte, los ayuntamientos suelen encontrarse con la oposición de una parte importante de la ciudadanía cuando toman medidas para avanzar hacia la movilidad sostenible. Ejemplo de ello son las protestas ciudadanas de los últimos meses ante los intentos de ciudades como Barcelona, Gijón o Pamplona para dotar más espacio a peatones y ciclistas, de manera que se facilite la distancia de seguridad y minimizar las afecciones derivadas de la contaminación. Los argumentos que se esgrimen estas protestas suelen ser las mismas ideas que difunde la publicidad.
Proponemos una tercera vía que las administraciones pueden llevar a cabo: restringir la publicidad de los automóviles, como ya ocurrió con el tabaco y las bebidas alcohólicas. El argumento que sirvió en ese caso es preservar la salud de la ciudadanía y evitar el gasto sanitario derivado del abuso de esas sustancias. Pero si el tabaco mata cada año a 8 millones de personas en el mundo, la mala calidad del aire causa 8.79 millones de muertes. Un “riesgo para la salud mayor que el tabaco”, según un estudio del European Heart Journal, al que hay que sumar las muertes y lesiones por accidentes y los problemas relacionados con el sedentarismo.
Pero en el caso del transporte privado debemos, además, añadir el problema medioambiental, especialmente en una época en la que urge reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar el acuerdo climático de París. El vehículo privado es responsable del 12% de las emisiones de CO2 en Europa, sin contar con las emisiones derivadas de su fabricación. El objetivo del Parlamento Europeo es la reducción del 40% de esas emisiones en 2030, una propuesta ambiciosa contra el que la publicidad actúa en dirección diametralmente opuesta.
Si la prohibición de la publicidad del tabaco se ha probado efectiva para reducir su consumo, una restricción en los anuncios de coches ayudará a reducir las muertes por contaminación y reducir su impacto climático. Para conseguirlo es indispensable una actitud favorable de la ciudadanía que suponga, en primer lugar, no adquirir un coche si no es estrictamente necesario, y en segundo, usarlo lo menos posible. Pero ese cambio de mentalidad solo será viable evitando que las marcas de coches emitan constantemente mensajes sesgados e interesados, destinados a su propio beneficio económico y no al bien común, y que dificultan que la ciudadanía tome decisiones informadas.
Proponemos, pues, para la próxima Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, y dentro de su ámbito 6, de “Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible”, la inclusión de una restricción gradual de la publicidad de los automóviles, de manera que en el año 2030 sea equiparable a la que en la actualidad existe con la del tabaco.